El pasado domingo volvimos a presenciar el nuevo modelo de manifestación/protesta, esta vez contra la nueva que no última, Ley de Educación, la llamada ley Celaa por el apellido de la ministra que ha llevado esta ley orgánica al Parlamento y que tanto ha cabreado a la oposición derechista. Al menos, en este caso, las banderas que ondeaban por las ventanillas de los cientos (o miles, da lo mismo) de vehículos que paralizaron el madrileño Paseo de la Castellana, no eran las nacionales, sino de color naranja.
Y no es que esta actitud reivindicativa me sorprenda o escandalice, sin ir mas lejos yo me manifesté, hice huelga y algunas acciones poco éticas o legales (ahora me avergüenzo de ello), en mis tiempos de estudiante contra la Ley Educativa de 1980 (creo que era la LOECE, pero hablo de memoria), promulgada por el entonces gobierno de la UCD. Pero esta Ley, es la ¡Octava! Ley de Educación (sic) del periodo Constitucional. Es decir, en 42 años, hemos cambiado la Ley (que no el modelo educativo) 8 veces. Salimos a una ley cada 5 años y así no hay manera de que un pais progrese.
Es por ello que me he puesto la tarea de leer e intentar entender, tranquilamente, el texto de la ley LOMLOE, que ha este paso de LOECE, LODE, LOGSE, LOCE, LOE, etc., vamos a acabar con una ley que se llame LOLAILO (el chiste no es mío, que conste), para ver si las reclamaciones legítimas de los manifestantes, son pertinentes y mesuradas.
Digo esto porque, de las mayores reclamaciones que he oído y leído, personalmente no interpreto lo mismo.
Vayamos punto por punto:
1.-Cierre de los colegios especiales.
Lo que estipula el proyecto de ley en su disposición adicional cuarta es que en DIEZ AÑOS, «los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad». En ningún punto hace referencia explícita al traspaso de escolares de centros especializados a centros ordinarios. Lo que si hace la Ley, y eso es reprobable, es “vaciar” de recursos los centros especiales, esenciales para la educación de personas con un alto grado de discapacidad, para dotar a los ordinarios, porque no dice de donde saldrá el dinero para dichos “recursos”. Y es que esta norma de 'café para todos', no es de recibo en el caso de personas tan singulares y con necesidades tan particulares en cada caso.
Pero este 'vaciamiento', se prevé a lo largo de 10 años, y visto lo que duran las leyes educativas en este país, personalmente no le auguro un gran porvenir a esta norma. Por cierto, este “cierre”, venía incluido en los programas electorales de al menos, dos de los partidos más beligerantes contra la ley. Lo que no argumentaban era cómo iban a cerrarlos.
2.- Uso del castellano como lengua ‘vehicular’.
Hasta que se aprobó la LOMCE en 2013 (la llamada Ley Wert, por el ministro del PP), ninguna otra norma educativa había hecho referencia alguna a que el castellano fuera, o tuviera que ser, la lengua ‘vehicular’ en la enseñanza. Solo la Constitución Española habla del castellano como lengua ‘oficial’ : "Artículo 3.1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla."
«Se quiere garantizar que el alumnado tenga pleno conocimiento en ambas lenguas, no una sobre la otra» (sic). Han dicho los paridores de esta Ley, lo que no deja de ser paradigmático.
Si que es cierto que la desaparición del castellano como lengua principal de docencia, afecta principalmente al carácter estatal de los cuerpos docentes y dificulta que, profesores de otras CCAA, puedan acceder a puestos determinados, si no dominan antes la lengua de la CA en cuestión. Vamos, más o menos como hasta ahora.
3.- Los colegios concertados.
Esta ‘demanda social’, lleva presente desde la Ley de Calidad de la Educación que impulsó el Gobierno de José María Aznar en 2002 la cual, en su artículo 75.5, explica los conciertos educativos que las comunidades pueden realizar con los colegios privados y que fué aprobada debido a la escasez de recursos que en ese momento tenía la Escuela Pública, para absorber la demanda de plazas escolares, sobre todo en las grandes ciudades. La Ley de Educación promulgada en 2006 bajo el Gobierno socialista de Zapatero eliminó este punto, pero la LOMCE, publicada por el Gobierno popular de Rajoy en 2013, volvió a incluir el término.
Este concepto viene a decir que, mientras los padres prefieran llevar a sus hijos a una escuela privada concertada pagada con fondos públicos antes que a una escuela pública, el Estado tendría la 'obligatoriedad' de financiarles esa decisión.
Sin embargo, el hecho de responder por ley a la ‘demanda social’, es como si los ciudadanos tuvieran el ‘derecho’ de elegir entre un hospital público y un hospital privado, y si eligieran acudir al privado, el sector público lo tuviera que pagar. Aunque es el modelo que quieren algunos, acabando así con la Sanidad Pública.
La libertad de elección de centro por parte de los padres, no se trata de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni siquiera en la Constitución Española. Que yo sepa, solo aparece explícitamente definido por primera vez, en el texto de esta ley, la LOMLOE.
Pero todo este lío con respecto a la educación concertada, tiene como fondo el ‘derecho’ de los padres a elegir una educación religiosa (léase católica), y a la que el Estado debe sufragar, como aparecía reflejado en la LOGSE o en la LOE. Problema secular de la enseñanza española, que se encuentra perfectamente redactado en el artículo 27.3 de la Constitución: “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.”
Pero claro, el artículo constitucional no habla específicamente de la religión católica, ni de que esa formación la tengamos que pagar entre todos, seamos de la confesión que seamos.
Una vez explicado todo este tostón normativo, me centro en la idea de las leyes educativas que, en este país, siempre han sido leyes del “cómo”, pero no del “qué”.
Desde que alguien tuvo la nociva idea de cambiar el nombre del Ministerio de Instrucción Pública, por el de Educación (y Ciencia en algunos casos), todas las leyes, mal llamadas de Educación, han tratado de la organización del sistema, pero no del sistema mismo. Es decir de la Enseñanza, pero no de la Educación. De cómo se organiza este o aquel curso, de si las clases se dan en castellano, en euskera o en murciano, de si la nota de religión es válida para la media curricular o no. Pero a todo esto, en 40 años, las clases se siguen impartiendo igual, con pequeños matices 'tecnológicos', pero no de fondo. Así, cuando mi hija estudiaba el Bachillerato (llámenlo BUP o como quieran), más de 30 años después de estudiarlo yo, la metodología, la praxis, era la misma que cuando yo estudiaba, basandolo todo el modelo en el aprendizaje mecanicista de asignaturas y de materias curriculares más o menos homogéneas, lo cual está bien, pero olvidando radicalmente la base de todo conocimiento: El estímulo por el aprendizaje, incluyendo los cambios y las nuevas tecnologías; la estimulación de la lectura, de la reflexión y el análisis; la búsqueda de la información por medios propios y no predefinidos, es decir, de aprender a dudar y darle un sentido a esa duda; la orientación hacia modelos de pensamiento libre y responsable.
Todo esto se ha obviado en todas las leyes educativas, buscando el aborregamiento general de las siguientes generaciones, a quienes se les priva de aprender a pensar por si mismos.
Pero no me agobio, en la siguiente legislatura habrá una nueva ley de Enseñanza. La de Educación ni está, ni se la espera.
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